Texto escrito por la alumna del curso de L2 de la UPN-Lima
Xiomara Trujillo Soraluz
En la actualidad, el Proyecto Conga presenta muchas controversias, ya sean de tipo ideológico o político. Este conflicto es protagonizado por los inversionistas de la empresa Newmont Mining Corporation y los mismos pobladores de la región cajamarquina. Los empresarios indican que este proyecto traerá desarrollo a nuestro país, pero lo cierto es que existen muchos perjuicios por los cuales este proyecto no debe llevarse a cabo. A continuación, se presentan los argumentos que sostienen esta tesis.
En primer lugar, este proyecto no se debe realizar porque no cumple con la ley que establece la región. El Ministerio de Energía y Minas no respetó la ley que establecía la región sobre su zonificación económica y ecológica. En Cajamarca, se realizó un estudio donde se define que la zona donde se piensa realizar el proyecto es “de alta importancia hídrica”, pero no fue tomado en cuenta. Así como también la ley decía que las municipalidades podían declarar sus “zonas protegidas”; es por ello que Celendín declaró como “zona protegida” el área de influencia de Conga en 2004. Tres años después, en 2007, Alan García dio un decreto supremo, quitando a los municipios esa atribución. Con respecto al Estudio del Impacto Ambiental, el cual fue un documento presentado en borrador, se dice que este sí fue aprobado por el Ministerio de Energía Minas, lo cual demuestra que el documento nunca fue algo formal, tal y como lo afirma el diario El Comercio
En segundo lugar, el proyecto Conga no debe llevarse a cabo debido a que sus inversionistas tienen el hábito de corromper jefes de gobierno, funcionarios, políticos y otros. Como ejemplo, existen muchas dudas sobre la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, la cual fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas. El ex ministro Giesecke afirma que estudios se dieron de manera rápida, y que fueron aprobados debido a que en ese tiempo el crecimiento económico era lo único que importaba. Otro ejemplo de corrupción, es el caso de la intervención de Vladimiro Montesinos, quien pagó 4 millones de dólares para que el Poder Judicial resolviera a favor de la Newmont Mining Corporation, según la fuente del diario La Primera. Se afirma que las multinacionales también financian la campaña de candidatos al Congreso, con el fin de poder avalar contratos sirviéndose de decretos de ley, como el caso de la ONG Reflexión Democrática, presidida por Roque Benavides, propietario de la minera Buenaventura y accionista de la minera Yanacocha y del proyecto minero Conga. . También se pone en cuestión, la “vacilación” del presidente, que durante su campaña dice “No a Conga”, posicionándose a favor del bienestar del pueblo. Pero, una vez iniciado su gobierno y tras su viaje a los EE.UU., el presidente cambia de opinión, al verse influenciado por otras autoridades y por la misma compañía, quienes parecieron haberlo convencido.
Otra razón por la que Conga no va es porque sus inversionistas solo buscan beneficios económicos, sin tener en cuenta la verdadera magnitud del daño que causan. Según un estudio de la Barrick Gold Corporation, el hecho de que los trabajadores de la empresa Newmont produzcan una onza de oro en el Perú les cuesta 105 dólares americanos, mientras que en Canadá les cuesta 373 y en Australia 452; es por ello que eligen a los trabajadores peruanos. Y se afirma que este tipo de multinacionales nunca procesa el producto en el lugar de origen, prefieren exportarlo prácticamente en piedra, sin ningún valor agregado, a fin de que la empresa tenga la máxima utilidad. Por otra parte, según la asociación o colectivo social-cibernético Anonymus, “el proyecto Conga es un ejemplo más de cómo hasta ahora se privilegia la intención de acumular dinero sin ningún efectivo plan de integración y desarrollo social que se reconozca, respete e incluya a quienes no desean vivir relacionados con las industrias extractivas”. Asimismo, Anonymus lanzó la campaña “Agua Primero” en contra de este proyecto, y acusan a la minera Yanacocha de haber cometido una serie de abusos medioambientales y de no haber resarcido a las poblaciones afectadas. Y afirma que “este gobierno ha sido elegido para hacer respetar los derechos de sus ciudadanos por encima de los intereses de las empresas extranjeras, sino cumplen con ello, lo haremos nosotros”.
Otra de las causas más importantes por las que el Proyecto Conga no se debe realizar es por el cuidado del agua. Un estudio afirma que habrá escasez de agua en Cajamarca en unos 15 o 20 años. Según nos cuenta Paul E. Piquet, Responsable del Instituto de Desarrollo Urbano, “cuatro lagunas naturales no se pueden reemplazar por reservorios artificiales”. Además, las lagunas de toda la zona donde se piensa realizar el tajo abierto se conecta con las nacientes de los ríos y derivan sus aguas, tanto de manera superficial como subterránea. El mismo Estudio de Impacto Ambiental reconoce que el proyecto tiene el potencial de impactar tanto en la calidad como en la cantidad de los flujos de las quebradas aledañas y que representaría una variación en los niveles de infiltración, en la distorsión de los flujos hidrogeológicos como consecuencia de presas que cortan casi en su totalidad los flujos subterráneos. El Estudio de Impacto Ambiental propone la creación de reservorios para sustituir las lagunas. Estos reservorios solo servirán para captar agua de lluvia, con lo que buscan reemplazar de manera integral los servicios medioambientales que brindan las lagunas naturales, los bofedales que las rodean y todo el ecosistema circundante, como lo ha sugerido el propio Ministro de Ambiente. Marco Arana, Coordinador de la Marcha por el Agua dice “yo no creo en una actividad minera que destruye lagunas y nos devuelve reservorios, y nos devuelve ríos entubados”.
En conclusión, Conga no va por varias razones. Una de ellas es que no cumple con la ley que establece la región cajamarquina, se dice también que sus inversionistas son corruptos al intentar utilizar decretos de ley para justificar sus acciones; y que estos solo buscan beneficios económicos. Por último, se presenta la razón más importante por la que este proyecto no debe llevarse a cabo, y es el agua. Los pobladores no quieren dañar su ecosistema. No es cierto que la gente rechace la inversión y el desarrollo, sino que existen visiones distintas para ambos términos, por lo cual este proyecto no se debe llevar a cabo si afecta de manera directa a los recursos naturales de la región y sus trabajadores. Y no solo eso, sino también cual es la verdadera intención del gobierno y de los inversionistas. Es por ello que, considero que es necesario proponer un nuevo modelo de economía y sociedad, en el cual se respete la ecología.
